El Ministerio de Hacienda promovió hace unos días un pequeño incentivo para la rehabilitación energética de edificios y la inversión en eficiencia energética, proponiendo una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que de aprobarse en el Senado permitirá a las Comunidades Autónomas regular una bonificación en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en función de la calificación energética de la vivienda.
Esta medida puede suponer una rebaja en el IBI de hasta un 20%, en el caso de los edificios más eficientes (calificación «A»), reduciéndose proporcionalmente en menores calificaciones. Las bonificaciones propuestas quedarían como sigue:
| Calificación Energética | Bonificación en el IBI |
|---|---|
| A | 20% |
| B | 16% |
| C | 12% |
| D | 8% |
| E | 4% |
| F, G | 0% |
Una buena noticia para el sector de la rehabilitación energética
La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 tras su paso por el Senado, pretende fomentar la construcción y adquisición de viviendas más eficientes energéticamente, además de fomentar también el numero de inmuebles certificados y una mayor inversión en rehabilitación energética. Ésto último es un espaldarazo para los técnicos y empresas que ofrecen servicios de certificación energética, ya que de esta forma aumentará la demanda de dichos certificados, ya no solo para realizar un alquiler o compraventa, segun exige la legislación actual, sino también para que el propietario pueda beneficiarse de una rebaja en los impuestos soportados.
Por otro lado, esta medida también aumentará la inversión en medidas de eficiencia energética en edificios, ya que éstas influyen con un gran peso en la calificación energética. Si mejoramos las instalaciones de un edificio o vivienda (por ejemplo, si invertimos en un sistema de ACS solar, sustituimos un calentador de gas antiguo por una caldera de condensación, o sustituimos una vieja caldera de gasóleo por una caldera de biomasa) podemos mejorar hasta 2 letras en nuestra certificación, con el consiguiente ahorro en el IBI una vez esté vigente.
Esta medida también es de interés para las administraciones locales, propietarias de gran cantidad de edificios públicos, y que pueden beneficiarse también de dichas bonificaciones. Por otro lado, la tramitación de estas bonificaciones se preve que se realice en los propios ayuntamientos, aportando la certificación energética oficial, realizada por un técnico competente y registrada en el registro habilitado para tal menester en cada Comunidad Autónoma.
Incongruente con otra normativa: RD de Autoconsumo
Hace escasos días se aprobó el polémico Real Decreto de Autoconsumo, que viene a regular esta modalidad de generación energética. El autoconsumo fotovoltaico, la aplicación más práctica de esta modalidad, es una técnica fundamental para reducir el coste económico de la electricidad en hogares y empresas. Además, su aplicación tiene un peso muy favorable para la mejora de la calificación energética en edificios.
Sin embargo, el nuevo RD de Autoconsumo, cuyo borrador lleva aterrorizando al sector renovable cual espada de Damocles desde hace casi 4 años, y a pesar de algunos matices incluidos en la última revisión, ha acabado por complicar la implantación de esta necesaria modalidad de generación eléctrica. El nuevo decreto impone toda una serie de barreras e impuestos que no hacen más que dificultar y desincentivar económicamente su aplicación (como el conocido y polémico «impuesto al sol»).
No se entiende por tanto la incoherencia del Gobierno, al promocionar levemente la eficiencia energética con medidas como la rebaja del IBI para calificaciones energéticas favorables, mientras que impiden la aplicación de una de las medidas que permite obtener grandes mejoras en la calificación, con una rentabilidad y plazo de amortización más que interesantes, siempre que no se le cargue con impuestos innecesarios que sólo benefician a las compañías eléctricas.
Una medida insuficiente
A pesar de que toda medida que promocione la rehabilitación energética es bienvenida, en el cómputo global de medidas tomadas por el actual Gobierno en favor de la eficiencia energética durante esta legislatura, España suspendería el examen. Son numerosos las causas internacionales abiertas contra la política energética del Gobierno español, y han sido sonados los tirones de orejas propinados desde Bruselas a nuestro país.
Es también más que evidente el desprecio del actual Gobierno por políticas que favorezcan la eficiencia energética o la implantación de energías renovables, remando contra la tendencia general de la mayoría de países europeos. Toda esa falta de sensibilidad con el tema, así como el retroceso general sufrido en este sector, no pueden borrarse con el anuncio de una pequeña medida, claramente electoralista, que es bienvenida pero que apenas tendrá efecto en nuestro nivel global de emisiones.
Es necesario un consenso político (existe entre todos los partidos de la oposición, pero no en el PP) y una fuerte y decidida apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables, en un país que depende en más de un 70% de fuentes de energía importadas de otros países (gas, petróleo, carbón, uranio…) y donde la inversión en estos sectores, especialmente en la rehabilitación energética, podría tener un impacto muy positivo en indicadores como el PIB, la creación de empresas, la reducción del paro, el aumento en la afiliación a la Seguridad Social, etc.
Esperemos que a partir del próximo año 2016 no sólo podamos beneficiarnos de medidas como la de esta noticia, sino también de un nuevo Gobierno que apueste definitivamente por la eficiencia energética y las renovables, una apuesta que claramente sólo ofrece beneficios al conjunto de la sociedad española.